La Jornada “25 años de la Convención de los Derechos del Niño”, que organizó el CPAS, contó con un prestigioso panel integrado por tres profesionales que transmitieron su pensamiento en torno a la temática abordada.

En primer lugar, la Lic. Magalí Paez desarrolló un recorrido histórico, de los antecedentes y los debates que se dieron en torno a la convención de los derechos del niño.

La representante del CPAS en el Consejo de Niñez y Especializando de la Carrera de Especialización en Políticas Pública expresó: “durante el siglo XX muchas fueron las guerras, muchas fueron las atrocidades que la humanidad cometió contra sí misma y vio la necesidad de generar un sistema de protección trasnacional de los Derechos Humanos. La convención reconoce por primera vez al niño como sujeto de derecho. Previamente, la Declaración de Ginebra de 1924, la declaración de 1959 de los Derechos del Niño, primero con cinco y luego con diez principios, lo que hacen es decir cuáles son las obligaciones de los adultos frente a los niños, y el cuidado especial en condiciones de desigualdad y catástrofe. El derecho a ser educado, a recibir tratamiento especial. Son las declaraciones antecedentes.

La Convención recoge esas experiencias, suma otras como los pactos económicos, sociales, políticos y culturales que se dieron, y funda la Convención de los Derechos del Niño.

La Convención establece que el niño es un miembro de su familia, de su comunidad y tiene tanto derechos como responsabilidades. Le asigna al Estado la función de acompañar a la familia en el rol de crianza, de sostén de ese niño.  Uno de sus principios rectores es el derecho del niño a ser escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta.

La Convención se fue trabajando en distintas comisiones, artículo por artículo. Los países hacían sus propuestas, también las organizaciones civiles. Por ejemplo, Abuelas de Plaza de Mayo aportó los conceptos del Derecho a la Identidad, a la Familia, al reconocimiento inmediato, al no traslado de los niños ilícitamente hacia el exterior.

En el año 1989 se sanciona la Convención, entra en vigor en 1990 y tiene plena vigencia desde ese momento. Es el pacto de Derechos Humanos más ratificado en el mundo. El único país que no lo ha hecho es Estados Unidos.

La intención fue poder recoger eso y a su vez pensar en cuáles son los desafíos hoy, en las múltiples infancias, en la intervención desde la integralidad de la mirada, desde la cuestión de género, desde la diversidad cultural, tensionando y problematizando el mundo adulto para poder incorporar la visión y la voz del niño.”

A su turno, la Lic. Griselda Anzola, Vicedirectora de la Especialización en Políticas Públicas en Niñez, Adolescencia y Familia, hizo una recuperación de los últimos dos años de trabajo con equipos profesionales a lo largo del país, en relación a la constitución de los sistemas locales de protección.

Anzola calificó esa tarea como “uno de los desafíos que propone la Convención y nuestra Ley Nacional, donde deben articularse los gobiernos locales con las otras organizaciones para la protección de los Derechos del Niño. Lo que pudimos ver en el recorrido con esta Especialización son las diferentes realidades nacionales. La idea es aportar esa reflexión y acompañarlos en el trabajo grupal para que este armado de los sistemas locales pueda ser una realidad en todos los municipios de la Argentina.”

¿Cómo está Santa Fe en ese armado de los sistemas locales?

Todas las provincias han comenzado a adecuar sus legislaciones provinciales s la luz de la legislación nacional y la Convención. Hay distintas experiencias, no podemos hablar de una sola realidad. No es lo mismo la realidad de un niño de Rosario, o en San Javier, un niño costero o uno de la gran ciudad. Es decir, son distintas realidades por las que atraviesan los niños y los sistemas locales tienen que atender a esas realidades territoriales.

Creo que hay avances interesantes en algunos lugares. El Colegio me ha invitado a distintas localidades de la provincia y creo que hay esfuerzos muy valiosos. Sobre todo de los equipos de profesionales que están invitando a las organizaciones de la sociedad civil. Hay un esfuerzo muy marcado y una responsabilidad muy fuerte en los profesionales que trabajan directamente con los niños. Y esto tiene que ser acompañado por decisiones políticas, por recursos económicos, con medios para trabajar con los niños.  En ese camino, la Convención que cumple 25 años todavía tiene algunas deudas en algunas provincias argentinas.

Existe una necesidad de empezar a mirar más allá de la disciplina, de la oficina o del sector que me toca trabajar, para empezar a pensar el trabajo interdisciplinariamente, intersectorialmente. Es un desafío grande porque no hemos sido formados para el trabajo interdisciplinario, y porque el armado de las organizaciones tiene su propia lógica. De todas maneras, la nueva institucionalidad en relación a la niñez nos habla de la corresponsabilidad. Es decir, que todos somos responsables en la atención de los problemas de los niños. Y además, los problemas por los que atraviesan los niños y los adolescentes en su familia, en su comunidad, son realmente complejos. Por eso la mirada debe ser interdisciplinaria para alcanzar resultados y avances importantes en los derechos de los niños.

Por último, participó la Dra. Mirta Mangione, Investigadora, Docente de la Facultad de Derecho de la UNR y la UNL, quien destacó que: “la exposición estuvo relacionada con una reinterpretación de la Convención, a partir de un análisis objetivo de la realidad que ha demostrado que en estos últimos 25 años tenemos muy buenas leyes, una Convención, pero la situación del niño sigue siendo mala.”

¿Cómo influyó el contexto social a la hora de aplicar los mandatos de la Convención?

Latinoamérica interpretó las necesidades de una manera y Europa de otra. Para Europa la Convención era un paso más, para nosotros era la destrucción de un sistema y el reemplazo por uno nuevo. De acuerdo a eso, podemos pensar que la situación mala de los chicos no se da porque no haya políticas sociales, sino porque para que esas políticas produzcan efecto se necesita tiempo. Por ejemplo, para que la Asignación Universal produzca efecto se necesita por lo menos chicos que hayan terminado séptimo grado y la secundaria. Si cuando se modifica el signo político que gobierna la cambian, entonces no sirvió de nada.

¿Se generaría un choque de normas si se aprueba el proyecto para bajar la edad de imputabilidad?

Probablemente sí. No estoy de acuerdo con ese proyecto. En Latinoamérica bajaron la edad de imputabilidad, y cuando vas a pasear por las cárceles te encontrás con pibes de diez años presos. Es lo mismo que pasa en Estados Unidos, donde la Convención no funciona.

Primero habría que tener una estadística seria para determinar cuántos chicos están en el delito. Segundo, hay que transformar cosas. En Rosario tenemos instalado el narcotráfico y los chicos trabajan ahí. Un pibe que está drogado te mata nada más que porque lo miraste. Por eso, creo que hay problemas mucho más graves que bajar la edad de imputabilidad. Además, esa ley va a ser para los negritos y los de gorrita. No para todos. Por eso no estoy de acuerdo.

Creo que lo que hay que hacer es un análisis serio de lo que está pasando con los chicos, y cuáles son las políticas públicas que se deben aplicar para que esto no ocurra.

¿En qué aspectos de la Convención se está avanzando en los últimos años?

En las leyes de protección integral. Se está avanzando porque hay políticas públicas que el Estado tiene. Por ejemplo, en Salud tenemos veinte vacunas gratis. De todas maneras la sociedad se enoja. Con la vacuna no, porque llevan al chico rico también. Pero con la Asignación Universal se quejan, lo mismo con la Asignación por Embarazo, con las jubilaciones también. Es decir, al parecer alguna parte de la sociedad quiere volver a las ’90.