Cabe destacar que la situación contractual de estos trabajadores profesionales (trabajadores sociales, psicólogos, terapistas ocupacionales y abogados) es precarizada y realizan un trabajo en coordinación con equipos territoriales, instituciones oficiales de alojamiento transitorio y equipos central de atención y diagnóstico; los cuales son los órganos de aplicación de las leyes provincial 12.967 y nacional 26.061 de promoción y protección de los niños, niñas y adolescentes. Además atienden casos de situación de calle, abuso sexual, violencia familiar, trata de personas y niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y abandono, adicciones, menores en conflicto con la ley penal y todo tipo de problemática familiar. Estos trabajadores se encuentran expuestos a un riesgo permanente: inseguridad, amenazas, responsabilidad profesional y falta de beneficios sociales.
ATE exige a las autoridades de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia el inmediato pago de los haberes atrasados a los trabajadores y que se les garantice las condiciones laborales correspondientes.
Fuente: http://www.ate.org.ar