El CPAS participó de una nueva sesión plenaria del Consejo Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes «Hacia un plan integral de Niñez, Adolescencia y Familia 2017-2019».

En el evento realizado ayer en el predio La Redonda de Santa Fe, se estableció el Protocolo Interinstitucional para el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas y/o testigos de abuso sexual.

El documento fue firmado por el Ministro de Gobierno y Reforma del Estado de la Provincia de Santa Fe, Dr. Pablo Farías, y el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Julio de Olazábal.

El Protocolo enumera seis principios generales que persiguen guiar a los abogados, psicólogos, trabajadores sociales, policías y otros operadores que intervengan luego de la comisión de un delito sexual en perjuicio de niños, niñas y adolescentes:

1- Protección y bienestar de niños, niñas y adolescentes: son los valores primordiales a alcanzar a lo largo de todo el proceso, siempre teniendo en cuenta que la administración de justicia procura tener un efecto reparador en el proceso de recuperación de la víctima y de su familia. Este principio supone el respeto y garantía del interés superior del niño; la protección de la salud; evitar la revictimización; y los derechos a un trato digno; a la seguridad y a la privacidad.

2- Derecho a ser oído: el relato y las opiniones de los niños deben ser tenidos en cuenta en todas las etapas del proceso.

3- Asegurar la eficiencia del proceso y la obtención de pruebas válidas: garantizar el acceso a la Justicia y la optimización de las oportunidades de obtención de pruebas válidas dentro del proceso. Supone la compatibilización de las garantías del imputado y los derechos de las víctimas; la protección contra todo perjuicio que pueda causar el proceso de Justicia; la gestión de medios para facilitar el testimonio de los niños; y propender a una única declaración testimonial de la niña o niño víctima del delito.

4- Unidad de criterio, coordinación entre actores y protocolización de procedimientos: los fiscales o fiscales adjuntos serán quienes centralicen las decisiones, con la debida asistencia de los equipos profesionales involucrados. Se establece una doble prioridad: la protección de los derechos del niño o niña víctima de un delito y la eficacia de la investigación.

5- Capacitación de profesionales y revisión constante de las intervenciones y procedimientos: para brindar el abordaje necesario.

6- Recuperación física y psicológica: que permita la reinserción social, garantizando el acceso a los servicios sociales y de salud, a la escolaridad así como también a servicios de asistencia y apoyo económico, jurídico y de asesoramiento.