Desde el Directorio y conjuntamente con el Comité Ética del Colegio de Asistentes Sociales de la 1era. Circunscripción de la provincia de Santa Fe, queremos pronunciarnos a favor de los Derechos de lxs Trabajadorxs Sociales, en este contexto tan incierto de pandemia que nos toca transitar.
Como colegio es nuestro deseo ser portavoces de las manifestaciones de las y los colegas, quienes vienen expresando los modos en que se vulneran sus derechos por parte de sus empleadores, mayoritariamente dependencias del poder ejecutivo provincial.
Queremos como profesionales del Trabajo Social, exigir el respeto por nuestras incumbencias y competencias profesionales en cada uno de los campos y espacios institucionales donde nos desempeñamos, (salud, educación, justicia, protección de derechos de niños/as, adolescentes y familia, género, justicia, seguridad, desarrollo social, hábitat, economía social, Municipios y Comunas, entre otros). Es en los mismos donde abordamos conflictos y problemas sociales traducidos en demandas concretas de la población a fin de favorecer su resolución.
Tenemos el compromiso ético y político de estar alertas y combatir todo tipo de avasallamiento que afectan nuestro ejercicio profesional y menoscaban los derechos de los sujetos de nuestra intervención.
Cuando estamos en territorio, la presión por dar respuestas, ajustarnos al tiempo y a los recursos limitados frente a la gran demanda de atención, actuar en medio de complejos y contradictorios entornos laborales, siempre será un desafío ético.
Al final del día debemos preguntarnos y respondernos con la verdad: ¿lo que hacemos, es un servicio de calidad?, ¿guarda correspondencia con los derechos de las personas y colectivos?, ¿nuestras estrategias e instrumentos para el trabajo social han demostrado ser efectivas?, ¿hay algo que debemos cambiar para mejorar nuestro desempeño y contribuir con las metas de la etapa de emergencia?, ¿qué nos toca priorizar post emergencia, ante los nudos críticos en el ámbito territorial para la identificación de familias que reclaman acceder a derechos, muchas veces elementales como salud, alimentación, vivienda, etc.?
Los/as trabajadores/as sociales nos encontramos en la primera línea de intervención, somos quienes atendemos la demanda directa generada por la desigualdad social y al mismo tiempo somos profesionales que sufrimos, junto al resto de los trabajadores estas condiciones de ajuste y abandono estatal.
Cabe mencionar que desde este Colegio, hemos generados diferentes estrategias de acompañamiento y reflexión ante la demanda de los colegiados, como ser la generación de ciclos de conversatorios, la capacitación en supervisión a fin de vigilar y mejorar la idoneidad para intervenir, por otro lado la comisión de asuntos laborales ha desarrollado acciones, donde conjuntamente con los involucrados se han planteado ante diferentes organismos estatales la situación laboral en la que se encontraban mediante notas, reclamos, etc.
Sin embargo consideramos que esto no ha sido suficiente dado que hasta la fecha no se han tenido respuestas en la mayoría de las situaciones identificadas.
Nuestra profesión se encuentra enmarcada en la Declaración de Principios Éticos, la cual nos sirve como un marco general para que los y las trabajadores/as sociales trabajen hacia los estándares más altos posibles de integridad profesional.
Nuestra responsabilidad ética de no sólo está en enunciar, tomando posicionamientos y realizando pronunciamientos sino también es necesario que se refleje en nuestra acción, nuestras prácticas profesionales, cuestionar, interpelar y fundamentalmente transformar la realidad.
Esta acción conlleva y nos exige una clara direccionalidad ético política, que refuerce un proyecto alternativo al servicio de los sujetos con los cuales intervenimos y a las misiones propias de la institución que nos empleo. Entonces, cabe preguntarnos: ¿cómo nos pensamos en nuestra condición de trabajadorxs sociales frente a la actual coyuntura?, ¿de qué manera nos posicionamos ante el actual contexto social, económico y político?
Pensar acerca de estos temas, nos lleva a interrogarnos nuestros fundamentos éticos, nuestras competencias e incumbencias profesionales, a reconocer cuál es el significado social de nuestra profesión, a buscar en nuestro código de ética vigente y las leyes que regulan el ejercicio profesional los fundamentos, principios y valores sobre los cuales la intervención debe concretarse a fin de que los mismos se constituyan en un instrumento para la defensa del pleno ejercicio de la profesión.
Por todo lo mencionado y en relación al actual contexto éste colectivo profesional se manifiesta con preocupación ante:
-La precarización laboral de un sector de los/as trabajadores/as sociales que se desempeñan en el ámbito de la Salud, Municipios y Comunas, el ámbito del Servicio Penitenciario, el ámbito de la Educación, de los Servicios de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes sostenidos por profesionales contratadxs, o eventuales, cuyos ingresos en muchos de los casos se encuentran por debajo del nomenclador de aranceles estipulados por este colegio y por debajo de la canasta básica de alimentos.
-El no considerar nuestras incumbencias profesionales y nuestra especificidad profesional.
-Las riesgosas y violentas condiciones laborales de los/as trabajadores/as estatales en algunos los ámbitos sin tener el reconocimiento objetivo y subjetivo (acceso a servicios de salud mental sin cobro de aranceles encubiertos y mecanismos de protección y restitución de derechos en las instituciones.
-La emergencia alimentaria de un sector importante de la población, y el aumento de quienes acuden a comedores barriales o merenderos, llevados adelante mayoritariamente por organizaciones sociales o vecinos/as voluntarios/as.
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