El directorio del CPAS, adhiere a los actos conmemorativos y a la tradicional marcha
convocada por los organismos de Derechos Humanos y un amplio conjunto de organizaciones sociales y políticas, en el 40 aniversario del Golpe Genocida Cívico Militar instaurado el 24 de marzo de 1976.
La Junta Miliar que usurpó el poder político de la Nación con el pretexto de combatir a las organizaciones armadas contó con el aval de vastos sectores políticos de la sociedad civil y con la complicidad de las jerarquías eclesiástica y los medios de comunicación hegemónicos.
Los objetivos dictatoriales, articulados a través del Plan Cóndor en toda la región del Cono Sur, se propusieron pulverizar las bases del sujeto social capaz de impulsar un proyecto emancipador, integrado por la clase trabajadora, las capas medias y la intelectualidad progresista. Destruyeron todo lo que pudiera significar independencia económica y desarrollo social, en un marco de absoluta desigualdad en la distribución de la riqueza y de entrega irrestricta del país a intereses concentrados, tanto nacionales como internacionales, imponiendo un modelo económico que forzó la entrada de Argentina en el modelo neoliberal.
Este 40 aniversario está enmarcado en la preocupación acerca de la continuidad de las políticas de memoria, de los discursos estatales, de los programas estatales vinculados a las causas y a la investigación de los delitos empresarios, a la continuidad de los juicios y a la reaparición en áreas de gestión estatal de cómplices defensores y beneficiarios del genocidio.
Las posiciones que desean la absolución de los represores no solo hacen una interpretación del pasado, sino que intentan retrotraer la legislación, la jurisprudencia y el sentido común a las imperantes durante la vigencia de los indultos y las leyes de obediencia debida y punto final. Incluso las voces de personajes públicos que se atreven a poner en duda la cifra de los treinta mil detenidos-desaparecidos, ofenden la sensibilidad popular, intentando falsear la historia y pretendiendo instalar nuevamente el concepto de los dos demonios.
Lo que está en juego no son políticas y leyes (por cierto disponibles y modificables), sino los designios de la última dictadura que condujeron a la utilización del aparato estatal para violar sistemáticamente los derechos humanos.
Como en cada aniversario, la sociedad argentina deberá demostrar su compromiso inquebrantable con la memoria, la verdad y la justicia.
Por eso exigimos:
- Continuidad de las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia.
- Respetar y garantizar el derecho a la protesta social.
- Respetar y garantizar el derecho a la comunicación democrática
- Investigación y juzgamiento de los hechos de violencia institucional
Directorio.