Por la Asociación Hogares de Tránsito de Santa Fe.
Como es de dominio público, en los últimos días
, representantes de colegios profesionales, políticos y medios de comunicación han elevado sus voces exponiendo el vacío legal y procedimental con respecto a las políticas provinciales relacionadas con los niños y adolescentes en riesgo social, poniendo de manifiesto su preocupación sobre la demora en la reglamentación y la inoperancia en la aplicación de la Ley Nº 12.967 sobre Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La Asociación Civil Hogares de Tránsito de Santa Fe no puede permanecer ajena y muda ante la situación planteada, por diversos motivos.
En primer lugar, porque los casi 25 años de trayectoria dedicados a albergar en el seno de nuestras familias a niños en riesgo social, con casi 1.000 chicos acogidos temporaria y desinteresadamente en nuestros hogares, nos interpelan y nos obligan a dar nuestro testimonio y nuestro punto de vista sobre el tema.
Nuestra ONG está constituida por un grupo de familias que voluntariamente acogen en el seno de su hogar, por el tiempo que sea necesario, a un chiquito que por distintos motivos (abandono, desnutrición, abuso, negligencia, etcétera) debe ser separado temporaria o definitivamente de su familia biológica o extensa, hasta que se resuelva su situación, ya sea reintegrándose a su familia de origen, una vez superado el motivo que provocó su separación, o por la vía de la adopción, cuando esos motivos son irreversibles. Nuestra tarea se funda en la profunda convicción, avalada científicamente, de que el afecto, las caricias, el estímulo recibidos en los primeros años de vida, juntamente con una buena alimentación, son fundamentales para un desarrollo integral. Tal vez todo ello se les brinde a todos los niños en una institución, pero no con la exclusividad e intensidad con que cada niño lo puede recibir en el seno de una familia.
En segundo lugar, porque desde que fue sancionada la nueva ley provincial, aún sin reglamentar, hemos sido testigos del desorden, la desorientación y la falta de unanimidad de criterios en el tratamiento de los casos y en los procedimientos aplicados en la resolución de situaciones que afectan la integridad física, psíquica o emocional de los niños y adolescentes.
Como es de dominio público, en los últimos días
, representantes de colegios profesionales, políticos y medios de comunicación han elevado sus voces exponiendo el vacío legal y procedimental con respecto a las políticas provinciales relacionadas con los niños y adolescentes en riesgo social, poniendo de manifiesto su preocupación sobre la demora en la reglamentación y la inoperancia en la aplicación de la Ley Nº 12.967 sobre Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.La Asociación Civil Hogares de Tránsito de Santa Fe no puede permanecer ajena y muda ante la situación planteada, por diversos motivos.
En primer lugar, porque los casi 25 años de trayectoria dedicados a albergar en el seno de nuestras familias a niños en riesgo social, con casi 1.000 chicos acogidos temporaria y desinteresadamente en nuestros hogares, nos interpelan y nos obligan a dar nuestro testimonio y nuestro punto de vista sobre el tema.
Nuestra ONG está constituida por un grupo de familias que voluntariamente acogen en el seno de su hogar, por el tiempo que sea necesario, a un chiquito que por distintos motivos (abandono, desnutrición, abuso, negligencia, etcétera) debe ser separado temporaria o definitivamente de su familia biológica o extensa, hasta que se resuelva su situación, ya sea reintegrándose a su familia de origen, una vez superado el motivo que provocó su separación, o por la vía de la adopción, cuando esos motivos son irreversibles. Nuestra tarea se funda en la profunda convicción, avalada científicamente, de que el afecto, las caricias, el estímulo recibidos en los primeros años de vida, juntamente con una buena alimentación, son fundamentales para un desarrollo integral. Tal vez todo ello se les brinde a todos los niños en una institución, pero no con la exclusividad e intensidad con que cada niño lo puede recibir en el seno de una familia.
En segundo lugar, porque desde que fue sancionada la nueva ley provincial, aún sin reglamentar, hemos sido testigos del desorden, la desorientación y la falta de unanimidad de criterios en el tratamiento de los casos y en los procedimientos aplicados en la resolución de situaciones que afectan la integridad física, psíquica o emocional de los niños y adolescentes.
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Fuente: Diario El Litoral