De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Ustedes en medio de la consternación e indignación que la situación de violencia vivida por la colega Marianela Tourn (matriculada de vuestro colegio profesional), ha tenido que soportar cuando se encontraba desarrollando las funciones profesionales desde su inserción en el Programa Médicos Comunitarios. Marianela Tourn sufrió graves lesiones cuando trabajaba en un domicilio particular por un caso de violencia familiar, las lesiones ameritaron intervención quirúrgicamente y no hay certeza del grado de incapacidad o capacidad que acarreen. A la situación de violencia de la que fue victima la colega se le agrega la “desprotección legal e institucional” en la que por su condición “seudo laboral” la coloca. El ejercicio Profesional que desarrolla se enmarca a través de recibir como contraprestación.

Mediante, por cuyo trabajo percibe una beca con fondos de la Nación, la cuál por revertir este carácter no posee ningún tipo de protección social, ni cobertura médica, ni seguro, ni leyes laborales que la protejan.
Lo vivido por la colega no hace más que desnudar la realidad acerca de las condiciones laborales y de desprotección en que muchos Trabajadores Sociales desarrollan su ejercicio profesional. Precariedad que se refleja en los modelos de contratación, en la inexistencia de protección social, entre otras circunstancias, todas las cuales son aceptadas por estos profesionales, ante la imposibilidad de acceder a condiciones dignas y protegidas de empleo. Esto de ninguna manera puede ser justificado ya que se termina transformando en una “contratación laboral encubierta”, es claro que existe la demanda de profesionales, también es claro se cuenta con recursos para dichas contrataciones, estas no son intervenciones puntuales, forman parte de la necesidad de intervención profesional estructural, con lo cuál no es justificable bajo ningún concepto, que se siga apelando a figuras “seudo laborales”, para ampliar una planta de personal necesaria y permanente.
A su vez esta situación desnuda también el escaso cumplimiento de las legislaciones y políticas que garanticen y protejan derechos de las familias, dado que las denuncias previas acerca de la violencia ejercida por quien agredió a la Trabajadora Social, se contabilizaban en cinco. Es hora de preguntarnos hasta cuantas denuncias se deben realizar para que haya intervención efectiva de las instituciones públicas que corresponda para proteger a las victimas de violencia familiar.
Esperamos que este echo no pase a engrosar las cifras de la violencia cotidiana, sino que sea abordado pro las autoridades que corresponda, no solo hay que garantizarle protección a las victimas de violencia familiar, sino que también hay que garantizarles condiciones laborales de dignidad y protección social a quienes ponen cada día sus ejercicio profesional a favor de los sectores mas vulnerables de nuestra sociedad.
Acompañando las acciones que la colega Marianela Tourn y el Colegio Profesional de Asistentes Sociales de Santa Fe inicien para repudiar y pedir compensaciones en esta situación, nos despedimos muy atentamente.

Lic. Laura Acotto