La FAAPSS (Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social), a través de su Foro Permanente de Géneros y Diversidad Sexual, en el marco de la defensa de políticas sociales que contemplen la vigencia de la democracia, las libertades públicas y el respeto integral a la dignidad de la persona, expresa su más categórico repudio al ataque violento al joven trans tucumano Lucas Gargiulo, hecho perpetrado por tres hombres quienes (además de asaltarlo) lo lastimaron y violaron, a pocos metros de su domicilio, el pasado 01 de mayo. A pesar de sus gritos en plena calle, nadie lo ayudó. Ni el personal policial que se encontraba en la esquina, de guardia. El triste y desgarrador episodio tuvo lugar en la provincia de Tucumán. En la mañana del 01 de mayo, Lucas (24 años) regresaba a su casa cuando fue abordado por tres hombres en moto. Le robaron el celular y la billetera y comenzaron a golpearlo, lo tiraron al piso y mientras le quitaban el pantalón le decían «Puto, te vamos a hacer machito». Cuando Lucas quedó desnudo, ellos vieron que era un hombre trans, y eso parece haberlos enfurecido aún más: lo violaron con una rama que encontraron en la vereda. Debe repudiarse enérgicamente estos actos que -en el fondo- conllevan una clara intención disciplinadora de cuerpos y sexualidades (más cuando las vivencias singulares no siguen los contornos sociales delineados por la heteronorma cisgenérica).
Además de haber sufrido la crueldad de semejante ataque, al presentarse en el Destacamento Policial el personal que tomaba la denuncia se resistió a registrar el abuso sexual, sólo incluyendo el robo de documentación y agresiones físicas. Lucas fue enviado al área de medicina forense por sus lesiones, no por la agresión sexual. Y después de esperar horas, le informaron que el médico no iba a llegar, sugiriéndole que regresase al día siguiente. La fuerza policial, cuya función en estas situaciones es la de proteger y cuidar a las personas víctimas de violencia, termina propiciando procesos de revictimización y maltrato, también repudiables.
En nuestro país se ha avanzado mucho a nivel de normativa que proteja y exija el acceso de todas las personas (incluidas aquellas que se autoperciben como población LGBTIQ) a los mismos Derechos. No obstante, constatamos un aumento de este tipo de comportamientos de odio, agresión y despojo de lo humano hacia los colectivos de la diversidad sexual más vulnerados. Pocos días atrás, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó un comunicado (Nro. 65/19) expresando su preocupación por una serie de ataques violentos contra personas LGBTI en la región (incluyendo agresiones, asesinatos con ensañamiento, violencia sexual y discriminación). Las situaciones reportadas van desde José Muñoz, un señor de 56 años que, por ser gay, el 01 de enero fue sumergido en una bañera de agua hirviendo en la ciudad chilena de Porvenir, hasta la muerte violenta y con ensañamiento de crueldad de Quelly da Silva, una mujer trans de 35 años, asesinada el 20 de enero en Campinas, São Paulo, Brasil (el responsable la asesinó por considerarla “un demonio”, le sacó literalmente el corazón, colocando en su lugar una imagen religiosa).
Chile, Perú, Argentina, Brasil, México y El Salvador son los países en los que la CIDH registra episodios denunciados en lo que va del 2019 (y estas cifras no tienen en cuenta la existencia de un importante subregistro en la región sobre estos incidentes, ya que es frecuente que la violencia en contra de personas LGBTIQ no sea denunciada oficialmente, ni reportada por los medios de comunicación, lo que profundiza la invisibilidad de dichos actos).
Y en relación particularmente a nuestro país, la Agencia Presentes reportó 147 crímenes de odio contra personas LGBT en Argentina en el año 2018. Según los datos relevados, 67 personas murieron como consecuencia de crímenes de odio basados en la identidad sexual y falta de acceso a derechos básicos. La mayoría de las víctimas fueron mujeres trans (las cifras del informe surgen del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Federación Argentina LGBT). En todos los casos, la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para perpetrar la vulneración de derechos y la violencia.
Este clima de época que pareciera respirarse en la actual coyuntura sociopolítica de nuestro país y región nos desafía como profesionales del Trabajo Social a reforzar nuestro compromiso en la defensa irrestricta de los Derechos Humanos para todas las personas, tal como se desprende de nuestra Ley Federal de Trabajo Social 27.072/14 (art. 11, inc. b). En este sentido, como Federación, instamos a todas las Asociaciones, Colegios y Consejos de Profesionales de Servicio Social y Trabajo Social del país a que extremen las alertas a estas manifestaciones de odio, a que se involucren en espacios intersectoriales con organizaciones de la Sociedad Civil y organismos estatales en defensa de los Derechos de las poblaciones de la Diversidad Sexual, exigiendo siempre el respeto hacia toda legítima expresión de la sexualidad, la no discriminación por razón de la identidad de género y/u orientación sexual, la convivencia pacífica y la sanción y condena efectivas de personas que comentan atropellos como los referidos arriba.
Se reitera a todos los Consejos y Colegios profesionales que promuevan con mayor fuerza espacios de formación y actualización permanente para les matriculades sobre géneros y diversidad sexual, tal como fuera expresado ya en el Primer Pronunciamiento del Foro Permanente de Géneros y Diversidad Sexual, avalado por ésta Federación el pasado mes de abril.
A les colegas trabajadorxs sociales, les recordamos que es su responsabilidad profesional velar por el acceso igualitario a todos los derechos de todas las personas, lo cual debe traducirse en la generación de entornos sociales e institucionales de cuidado y seguros, en los que niñes y adolescentes puedan expresar y vivir lo que sienten y viven respecto a su sexualidad, sin ser burlades ni violentades por ello. Familias y escuelas en las que todos los “yo” puedan existir, sin que se les discrimine o vulnere ningún Derecho, nunca.
A todes les colegas, les invitamos a que tematicen estos asuntos en sus ámbitos laborales, en sus equipos técnicos, en las áreas que integran, con otres colegas e incluso con otres profesionales de diversas disciplinas: debemos ser promotores de políticas de cuidado de todas las personas. Al respecto, la ESI como dispositivo socioeducativo, se convierte para nosotres en una herramienta de alto valor para contribuir con la implementación de una educación sexual respetuosa de la diversidad y de los Derechos.
Tejer solidaridades en una época en la que el mundo golpea tan duro es una decisión ético-política imprescindible para el proyecto de profesión al que apostamos construir.