$67 millones menos para políticas contra la violencia de género
Las organizaciones que forman parte del proyecto Cerrando Brechas para erradicar la violencia contra las mujeres junto con ACIJ demandan al Estado Nacional por usar “superpoderes” para recortar el presupuesto asignado por el Congreso.
(Buenos Aires, 15 de febrero de 2017). Las organizaciones ELA, ACIJ, CAREF, FEIM, MEI y Siglo 21 presentaron un amparo ante la Justicia para que declare la inconstitucionalidad de la medida adoptada por el Jefe de Gabinete quien, invocando facultades extraordinarias, decidió reducir el presupuesto asignado por el Congreso al Consejo Nacional de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción contra la violencia de género. Dicha medida es violatoria de los derechos de las mujeres y las niñas y representa una fuerte limitación a las políticas de prevención que benefician a la sociedad en su conjunto.
El 11 de enero pasado, el Jefe de Gabinete, en la Decisión Administrativa 12/2017, por la cual distribuyó los créditos presupuestarios, resolvió recortar 67 millones de pesos asignados en la Ley de Presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y a la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA). Esta decisión deja sin efecto el presupuesto debatido y aprobado en el Congreso Nacional, en noviembre pasado.
La acción de amparo fue presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (CAREF), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21. “Decidimos recurrir a la Justicia no sólo para revertir la sustracción ilegal de las partidas del PNA y del CNM, sino también para que se establezcan los mecanismos de monitoreo para la ejecución del presupuesto que impedirán que esta situación se repita”, explicaron.
En el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para el año 2017, no era posible identificar una partida destinada al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que según los anuncios realizados requería fondos por 47 millones de pesos para su primer año de ejecución (excluyendo los fondos necesarios para el plan de construcción y equipamiento de los Hogares de Protección Integral). Además, en el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional el presupuesto asignado al CNM se reducía un 8% en términos reales, si se tomaba en cuenta la inflación prevista por el propio Poder Ejecutivo. Diversas organizaciones hicieron en ese momento una presentación ante el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, para señalar estas áreas centrales de preocupación. El presupuesto votado por el Congreso en horas de la madrugada del 3 de noviembre incorporó cambios sustanciales en línea con los señalamientos realizados por las organizaciones. Finalmente, según el artículo 16 de la Ley de Presupuesto N° 27.341, se aprobó una asignación adicional de $20.000.000 al CNM (pasando de $96.500.250 a $116.500.250). En segundo lugar, se agregó al Presupuesto nacional una línea presupuestaria específicamente destinada a las acciones contempladas en el PNA para el 2017, por la suma de $47.000.000.
En el texto presentado a la Justicia las organizaciones exigen se ordene al Poder Ejecutivo Nacional que reafecte los 47 millones de pesos correspondientes al PNA, y que restituya los 20 millones de pesos desafectados al CNM, partidas sustraídas de forma ilegítima. Para las ONG “resulta inaceptable que en el contexto actual, en el cual desde todos los sectores sociales y políticos se reconoce la grave problemática de la violencia contra las mujeres y se clama por políticas estructurales que reviertan el problema, el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al asignar recursos presupuestarios a políticas contra la violencia de género”.
Ante la noticia de la presentación del amparo el Consejo de las Mujeres difundió en sus redes sociales un comunicado que informa que la reducción del presupuesto es «un error». «Debido a un error, la mencionada Disposición no refleja el presupuesto real del Consejo Nacional de las Mujeres, el cual ha sido garantizado mediante la reasignación de partida correspondiente por parte del Jefe del Gabinete», afirman en el texto.
«Si la eliminación estos fondos en la Decisión Administrativa que determina las partidas para la ejecución del gasto, fue producto de un error, este debe ser rectificado con las formalidades propias de las normas. Es decir, con una nueva Decisión Administrativa de fecha posterior, que se publique en el Boletín Oficial. Al día de hoy (habiendo transcurrido un mes desde la publicación de esa Decisión Administrativa), eso no pasó. Hasta tanto esto no suceda, lo concreto es que esos fondos no parecen estar garantizados», explicó Natalia Gheraardi, directora ejecutiva de ELA.
El amparo constituye una acción en el marco del proyecto Cerrando brechas para erradicar la violencia contra las mujeres, desarrollado por ELA, MEI, CAREF y Siglo 21, y los municipios de San Pedro de Jujuy (provincia de Jujuy) y Fontana (provincia de Chaco), que cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea.